El Ayuntamiento adjudica la explotación de la Finca de Los Cuarteles

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El Ayuntamiento ha adjudicado la finca de Los Cuarteles a la empresa Acuaponia XXI S.L, la única empresa que optaba al concurso público puesto en marcha para desarrollar el proyecto de agroecología en esta finca, parte del latifundio público estatal La Almoraima que fue cedido al municipio en 2015.

El proceso de adjudicación comenzó en marzo, cuando se abrió el plazo de recepción de ofertas para arrendar los terrenos. A este concurso se presentó esta compañía, Acuaponía XXI, con sede en Madrid. Esta empresa gestionará las 5,6 hectáreas de terrenos ubicados junto al patio de corcho de La Almoraima, en el que se creará un centro de interpretación y un alojamiento turístico, así como un proyecto de acuaponía (cultivos sostenibles sin tierra) y otras iniciativas relacionadas con el ecoturismo.

El suelo fue cedido por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente tras reiteradas peticiones del Ayuntamiento con el fin de promover usos alternativos a los desarrollados por la dirección de La Almoraima. Un proyecto de acuaponía, gestión sostenible de los montes o agricultura ecológica son algunas de las ideas propuestas por el alcalde para aprovechar los recursos naturales de los terrenos. El plazo inicial de la concesión es de 20 años, prorrogables por otros diez en sendas ampliaciones quinquenales. A cambio, el adjudicatario abona un canon anual de 24.000 euros al Ayuntamiento (más IVA).

El adjudicatario deberá rehabilitar las doce naves industriales que se ubican en la finca, que suman en total 4.400 metros cuadrados de superficie y están en ruinas. El pliego de condiciones establece que la mitad de las naves deberán estar operativas en el primer año mientras que al cabo del segundo año de concesión todo el recinto deberá estar a pleno rendimiento. El proyecto deberá reunir los requisitos necesarios para que pueda ser declarado, mediante la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, como una actuación de interés público que permita su implantación en el suelo no urbanizable.

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